DIPLOMADO SUPERIOR EN GESTIÓN Y CONTROL DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Durante las décadas de los 80 y 90, nuestro país y América latina, fueron laboratorio de un gigantesco operativo de ciertos sectores de la sociedad para desmontar el Estado. Las reformas neoliberales lo afectaron estructuralmente.

Procuraron pasar del Estado existente, al que se le atribuyeron calificativos como "obeso", "omnipresente", "interventor", al "Estado mínimo". Se enfatizó en que el Estado era nocivo para la economía, de la más alta ineficiencia, y que la gran mayoría de sus funciones debían ser transferidas a la "mano invisible" del mercado. Se prometió que la nueva reforma del Estado contribuiría a aumentar el crecimiento, reducir la pobreza, eliminar la corrupción y mejorar la eficiencia.

Se instrumentaron en la mayoría de los países de la región estrategias de "minimización del Estado" a través de vías como la reducción de su planta de personal y del gasto público, una acelerada política de privatizaciones, la desregulación, la eliminación jurídica de sus diversas funciones, entre otras.

El balance de las reformas fue regresivo. El Estado anterior presentaba gruesas deficiencias, patologías burocráticas, facilidad para caer en prácticas clientelares, vulnerabilidad ante la corrupción, serias ineficiencias, pero las reformas practicadas no se limitaron a tratar de cambiar internamente el Estado, atacaron frontalmente su mismo rol y sus instrumentos básicos de gestión. El aparato público latinoamericano que presentaba agudos problemas a inicios de los ’80, fue objeto durante esa década y la siguiente de un verdadero "vaciamiento". Uno de los impactos mayores de la ola privatizadora y antiestatal, que penetró fuertemente en la población consistió en que la idea misma del Estado como representante de la acción colectiva de la sociedad, y de la función pública como un trabajo relevante, fue profundamente deteriorada.

El Estado reaparece en este nuevo contexto político de la región, como un actor imprescindible para promover e impulsar los cambios. Se requiere para ello un rediseño integral. El mandato emergente va en la dirección de un Estado activo, asociado estrechamente con la sociedad civil, potenciador de la acción productiva de las pequeñas y medianas empresas, fuertemente centrado en lo social, transparente, sujeto al control social, de alta eficiencia estatal, y apoyado en un servicio civil cada vez más capacitado. Asimismo se aspira a que sea un Estado abierto a la participación ciudadana.

OBJETIVOS:
Fortalecer la formación y capacitación de los agentes que se desempeñen en el ámbito de la función pública mediante el desarrollo de Programas orientados al desarrollo de competencias teórico prácticas que le permitan un desempeño laboral idóneo e innovador en la Administración Pública.

Los participantes que finalicen la Diplomatura habrán adquirido conocimientos, teóricos y prácticos, respecto de elementos jurídicos, gerenciales, financieros, y organizacionales que conforman un núcleo de habilidades en las modernas tecnologías de gestión de las organizaciones complejas en todos sus niveles y aspectos, desde lo académico y desde la práctica.

DESTINATARIOS:
Los Cursos están destinados a agentes públicos comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional Decreto Nº 214/2008. El Diplomado Superior requiere poseer título universitario de grado o de nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración como mínimo, o encontrarse en condiciones que establece el artículo 39 bis de la Ley de Educación Superior Nº 24.521 para quienes tienen título secundario, que deberán demostrar a través de las evaluaciones y los requisitos que establece la Universidad, poseer preparación y experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar.